Sanciones por posesión de drogas en Nueva Jersey

Aunque algunos estados son más estrictos que otros, todos promulgan penas para combatir las drogas ilegales. Nueva Jersey tiene excepciones para la marihuana medicinal, pero prohíbe ciertas cantidades de marihuana recreativa ilegal y restringe algunas sustancias legales. Como resultado, una persona en Nueva Jersey que recibe un cargo de drogas puede enfrentarse a varias penas.

Posesión de drogas

Posesión de drogas significa que una persona es acusada de tener una o más sustancias ilegales en su posesión, y los cargos se basan en la cantidad y el tipo de sustancia. Los cargos pueden ir desde delitos de primer a cuarto grado o un delito grave. Las penas por primera vez por 50 gramos o menos de marihuana comúnmente cuentan como un cargo de cuarto grado e incluyen hasta seis meses de cárcel y una multa de $1,000.

Un acusado podría ser condenado a hasta 18 meses de cárcel y una multa de $15.000 por más de 50 gramos de marihuana. La simple posesión de cualquier cantidad de cocaína o heroína podría acarrear al acusado un cargo de tercer grado, una multa de $35.000 y una condena de tres a cinco años de cárcel. Las penas pueden aumentar si el acusado es sorprendido cerca de una escuela, un parque público o una vivienda pública.

Posesión simple de medicamentos con receta

Nueva Jersey considera ilegal la posesión consciente o constructiva de un medicamento de venta con receta sin una receta válida. Posesión constructiva significa que la persona está en control de la sustancia pero no la posee físicamente.

La mayoría de las veces, la gente no sabe que puede ser acusada de poseer una receta legal en otro recipiente. Si un envase tiene más de 10 días de suministro, la policía puede sospechar que la persona tiene planes de venderlo.

Podrían recibir una multa de $1.000 por no ser capaces de nombrar al médico o la medicación. Si son sorprendidos conduciendo bajo los efectos de una sustancia, pueden ser acusados de conducir bajo los efectos del alcohol. Falsificar una receta suele conllevar penas de tres a cinco años de cárcel y hasta $50.000 de multa.

El derecho penal exige que la fiscalía pruebe los cargos contra el acusado más allá de toda duda razonable. Sin embargo, el acusado todavía necesita una defensa fuerte para luchar contra los cargos.

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